Politica 29 de septiembre de 2026

Cristina Kirchner recurrió a la ONU para poder ser candidata.

Boggio
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La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó este martes ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un planteo para que se revise la condena dictada en la causa Vialidad y se suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la expresidenta. La presentación fue realizada por sus abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, luego de que quedaran agotadas las instancias judiciales ordinarias en Argentina.


El planteo ante el organismo internacional se centra en presuntas vulneraciones de garantías fundamentales durante el proceso judicial, entre ellas el debido proceso, la imparcialidad y el derecho de defensa. La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa y confirmó la sentencia.


Los abogados también incorporaron nuevos elementos con los que buscan cuestionar aspectos de la sentencia. Entre ellos figura un informe técnico de la consultora Specs, según el cual el Grupo Austral, vinculado al empresario Lázaro Báez, recibió el 0,85% de los fondos asignados a un fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad.

La defensa sostiene que ese dato contradice uno de los fundamentos utilizados en la condena, mientras que desde sectores judiciales consultados por Infobae cuestionaron esa interpretación y señalaron que el juicio estuvo centrado en la obra pública de Santa Cruz.


El Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá analizar ahora la presentación. Este organismo no funciona como una instancia judicial que pueda anular directamente una sentencia argentina: sus pronunciamientos evalúan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados en materia de derechos civiles y políticos y no son vinculantes como una sentencia de un tribunal nacional.

La defensa busca que el caso sea tratado en la próxima sesión prevista para octubre y, paralelamente, utilizar los argumentos y eventuales conclusiones internacionales dentro de los mecanismos de revisión disponibles en la Justicia argentina.

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