El gobierno argentino alcanzó una reducción acumulada del gasto público equivalente a 67.000 millones de dólares en sus primeros 26 meses de gestión, según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), a cargo del economista Nadin Argañaraz.
La cifra surge de comparar el promedio mensual de gasto de 2023 con lo efectivamente ejecutado hasta febrero de 2026, resultando en una diferencia acumulada de 121,8 billones de pesos medidos en términos de febrero de 2026.
El estudio revela que el gasto público nacional como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) cayó del 19,5% al 14,32%, una baja de 5,2 puntos porcentuales.
Al considerar la disminución de los intereses de la deuda, la contracción total alcanza 5,7 puntos del PIB, un indicador que refleja la profundidad del ajuste fiscal implementado por la administración desde finales de 2023. Según el informe, gran parte de este ahorro se destinó a eliminar el déficit fiscal, mientras que una porción significativa permitió generar superávit primario, compensar pérdidas de ingresos no tributarios y reducir la presión tributaria sobre la economía.
El ajuste fiscal se enmarca dentro de una política económica orientada a estabilizar las cuentas públicas y fortalecer la credibilidad del país frente a organismos internacionales y mercados financieros.
Analistas destacan que la reducción del gasto público tiene un efecto directo en la estructura del Estado y en la provisión de servicios, pero al mismo tiempo permite liberar recursos para otros objetivos macroeconómicos, como la disminución de la inflación y el equilibrio del presupuesto.
Distintas mediciones oficiales y privadas coinciden en que, en términos acumulados, la caída del gasto público equivale a 11,1 puntos del PIB, una cifra que refleja el impacto de la política fiscal sobre la economía real.
El desafío ahora será mantener la estabilidad fiscal sin afectar el crecimiento económico ni la inversión social, mientras se consolidan los cambios estructurales en la administración del Estado y se asegura un marco sostenible para el mediano y largo plazo.
