El Gobierno nacional deberá afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera por aproximadamente 4.000 millones de dólares entre septiembre y diciembre de 2026. El compromiso financiero representa uno de los principales desafíos para el equipo económico de Javier Milei, que deberá garantizar la disponibilidad de divisas en un contexto de fuerte seguimiento de los mercados sobre las reservas, el endeudamiento y la capacidad de pago del Estado.
De acuerdo con un informe de la consultora Analytica, las obligaciones previstas para los últimos cuatro meses del año alcanzan los 3.826 millones de dólares. El cronograma incluye pagos a acreedores privados, al Fondo Monetario Internacional (FMI), compromisos vinculados con el bono Bopreal emitido para atender deudas comerciales de empresas con el exterior y obligaciones con otros organismos internacionales.
El calendario más exigente corresponde a septiembre, cuando los vencimientos suman unos 1.452 millones de dólares. De ese total, alrededor de 800 millones corresponden a un pago de capital al FMI. Para octubre, noviembre y diciembre, los compromisos serían menores en términos individuales, aunque en conjunto completan una agenda cercana a los 4.000 millones de dólares.
LOS DÓLARES DISPONIBLES Y EL PAGO AL FMI.
Una de las principales fuentes para afrontar los compromisos inmediatos son los depósitos en moneda extranjera que el Tesoro mantiene en el Banco Central. Según el último informe monetario diario citado por Infobae, al 10 de septiembre esos fondos alcanzaban los 2.762 millones de dólares, equivalentes a unos 4,1 billones de pesos al tipo de cambio informado.
Ese dinero permitiría afrontar el próximo vencimiento con el FMI, aunque el pago provocaría una reducción significativa de las reservas líquidas disponibles para el Tesoro. Por ese motivo, la preocupación del mercado no se limita a conocer cuánto dinero existe en una fecha determinada, sino también a determinar qué recursos ingresarán posteriormente y si serán suficientes para sostener el programa financiero hasta el cierre del año.
El economista Lucio Garay Méndez, de la consultora Eco Go, estimó que todavía quedan compromisos por aproximadamente 4.100 millones de dólares durante 2026. Según su evaluación, cerca de la mitad corresponde a pagos de capital e intereses al FMI, mientras que el resto incluye obligaciones con otros organismos y cupones de bonos soberanos emitidos en moneda extranjera.
EL DESEMBOLSO PENDIENTE DEL FMI.
Entre las fuentes de financiamiento que el Gobierno espera utilizar se encuentra un desembolso pendiente del Fondo Monetario Internacional por 1.000 millones de dólares. De acuerdo con el análisis citado, ese giro debería concretarse antes de fin de año y permitiría recomponer parcialmente la disponibilidad de divisas luego del pago previsto para septiembre.
La llegada de esos fondos resulta relevante para el esquema oficial, ya que el Tesoro podría utilizar parte de sus depósitos actuales para afrontar los vencimientos más inmediatos y luego contar con el desembolso internacional para reforzar su posición financiera. Sin embargo, el ingreso todavía depende del cumplimiento de las condiciones previstas en el acuerdo con el organismo.
Garay Méndez consideró que, combinados los depósitos existentes con el desembolso pendiente del FMI, los recursos podrían alcanzar para cubrir los compromisos hasta diciembre. La evaluación, no obstante, se encuentra condicionada a que el giro se concrete en los plazos esperados y a que no aparezcan nuevas presiones sobre las cuentas públicas.
MÁS DEUDA, BONAR 2029 Y PRIVATIZACIONES.
Otra alternativa contemplada por el Ministerio de Economía es la colocación de deuda a través del Bonar 2029, conocido como AO29. Hasta el momento, la Secretaría de Finanzas habría colocado 1.179 millones de dólares mediante ese instrumento, dentro de un programa que prevé captar hasta 2.000 millones.
De esa manera, todavía quedaría un margen de aproximadamente 821 millones de dólares para nuevas adjudicaciones. Estos recursos permitirían sumar financiamiento al Tesoro, aunque también implicarían incrementar las obligaciones futuras del Estado y mantener abierta la estrategia de recurrir al mercado para atender compromisos de deuda.
El programa financiero oficial también incluye ingresos provenientes de privatizaciones. La previsión del Gobierno alcanza hasta 800 millones de dólares por la venta de empresas estatales, con una expectativa de mayor concreción durante el segundo semestre.
La disponibilidad efectiva de esos fondos dependerá del avance de los procesos de venta, las condiciones de las operaciones y el interés de los posibles compradores.
NEGOCIACIONES CON FONPLATA Y LA CAF.
A las fuentes anteriores se suman las negociaciones que el equipo económico mantiene con el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) y con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
El objetivo es obtener garantías que permitan acceder a un préstamo de hasta 800 millones de dólares. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que las conversaciones forman parte de la hoja de ruta financiera del Gobierno y que buscan ampliar las alternativas disponibles para cubrir los vencimientos de los próximos meses.
La eventual obtención de ese crédito aportaría liquidez al Tesoro, aunque también sumaría nuevas obligaciones financieras. Por eso, el mercado seguirá de cerca no solo el monto que pueda ingresar, sino también las condiciones, los plazos y el costo de ese eventual financiamiento.
EL DESAFÍO DE SOSTENER LA CONFIANZA.
El Gobierno sostiene que el programa financiero contempla distintas fuentes para cubrir los pagos previstos. Sin embargo, la capacidad de cumplir con el cronograma dependerá de la combinación entre los dólares ya disponibles, los desembolsos internacionales, las nuevas colocaciones de deuda, los ingresos por privatizaciones y el eventual acceso a préstamos de organismos regionales.
El problema central no consiste únicamente en reunir los fondos necesarios para un pago puntual. También implica preservar un nivel de liquidez que permita afrontar los vencimientos siguientes sin generar incertidumbre sobre la solvencia del Estado. Una caída pronunciada de los depósitos del Tesoro o una demora en los ingresos previstos podría aumentar la presión sobre el mercado cambiario y sobre el costo del financiamiento.
En ese escenario, los próximos meses serán determinantes para evaluar la solidez del esquema económico. Mientras el Gobierno busca mostrar que cuenta con herramientas para cumplir sus compromisos, los analistas observan la evolución de las reservas, el acceso al crédito y la capacidad de generar nuevos ingresos en dólares.
La agenda de vencimientos hasta diciembre funcionará así como una prueba para la estrategia financiera de la administración de Milei. El resultado dependerá de que las distintas fuentes de recursos previstas se concreten a tiempo y de que el Tesoro pueda sostener los pagos sin comprometer aún más su margen de maniobra.
