Lo que comenzó como una protesta de estudiantes secundarios en un colegio de Créteil, en las afueras de París, se transformó en pocas semanas en una de las mayores movilizaciones estudiantiles de Francia en las últimas décadas. Los jóvenes reclaman mejores condiciones en las escuelas, más docentes y mayores recursos para la educación pública. El movimiento comenzó a mediados de septiembre y rápidamente se extendió a distintas regiones del país.
Las primeras protestas surgieron por problemas concretos dentro de los establecimientos educativos: falta de profesores, aulas sobrecargadas, docentes ausentes que no son reemplazados y edificios escolares deteriorados. También cuestionan el sistema Parcoursup, utilizado para regular el acceso a la educación superior y que los estudiantes consideran una fuente de presión y desigualdad.
Con el paso de los días, la protesta adquirió una dimensión nacional. El 6 de octubre, más de 450.000 personas participaron de movilizaciones en distintas ciudades francesas, entre ellas alrededor de 100.000 en París, según datos difundidos por medios franceses. El movimiento sumó además el respaldo de sindicatos docentes y organizaciones sociales.
La respuesta del gobierno de Emmanuel Macron combinó negociaciones con un fuerte despliegue policial. Según datos difundidos durante la movilización, miles de personas fueron detenidas y se registraron numerosos heridos.
Las organizaciones de derechos humanos cuestionaron el uso de la fuerza contra manifestantes menores de edad. Esta semana, además, el gobierno francés decidió suspender el uso de determinadas granadas de dispersión por parte de la policía después de que un adolescente sufriera graves heridas durante una protesta.
El conflicto también abrió una disputa política. El gobierno de primer ministro Sébastien Lecornu cuestionó la participación de sectores de la izquierda radical y particularmente de La Francia Insumisa, mientras dirigentes de ese espacio rechazaron esas acusaciones y sostuvieron que el movimiento surgió de manera autónoma entre los estudiantes. Los sindicatos, por su parte, consideran legítimos los reclamos y reclamaron que sean atendidos.
Frente a la presión, el Ejecutivo anunció medidas para intentar responder a parte de las demandas. Entre ellas figura un aumento de recursos para educación en el presupuesto de 2027 y un plan para acelerar la sustitución de docentes ausentes.
Sin embargo, el gobierno también mantiene un programa de reducción del déficit y ajustes presupuestarios, lo que mantiene abierto el conflicto entre las necesidades reclamadas por los estudiantes y las restricciones fiscales.
La protesta, que nació en un colegio de la periferia parisina, terminó convirtiéndose en un movimiento de alcance nacional que volvió a colocar en el centro del debate francés el estado de la educación pública, las condiciones de los estudiantes y la respuesta de las autoridades frente a las movilizaciones juveniles.
