Editorial: Por Adolfo Chasampi.
Esta semana volvió a quedar en evidencia que la Argentina es un país tan difícil de gobernar como codiciado de conducir. El poder que simboliza el sillón de Rivadavia seduce a todos, aunque esta vez el foco no estuvo en Balcarce 50 sino al otro lado de la Avenida de Mayo: el Congreso de la Nación. Diputados y senadores iniciaron el año con una agenda intensa, marcada por debates ásperos y proyectos que impactan de lleno en la vida cotidiana de millones de argentinos. Entre ellos, la reforma laboral que el Gobierno presenta como un intento de “modernizar” el Estado.
El concepto de modernización, sin embargo, merece discusión. Para muchos sectores, el proyecto no implica una mejora para el trabajador sino una flexibilización que favorece a los sectores empresarios más concentrados.
Lo paradójico es que varias de las voces críticas provienen de senadores que fueron gobernadores y que administraron provincias donde el propio Estado es el principal precarizador. Chaco, Catamarca y tantas otras jurisdicciones sostienen estructuras con cientos o miles de trabajadores “becados”, con jornadas de seis u ocho horas, sin estabilidad ni cobertura social, a la espera de un bono que simula ser aguinaldo. Si eso no es precarización, ¿qué es?
Pero el debate no puede limitarse a las provincias. La Nación tampoco queda exenta. En un contexto de salarios congelados, con programas sociales como Potenciar Trabajo que mantienen ingresos de 80.000 pesos desde hace más de dos años, y con millones de familias dependiendo de números de inflación que generan desconfianza, la discusión sobre derechos laborales suena distante de la realidad cotidiana.
La polémica en torno a las estadísticas y antecedentes como la manipulación que salió a la luz tras la renuncia de autoridades del INDEC en otros tiempos refuerzan una sensación histórica: la inflación crece más allá de los relatos oficiales. Y en ese escenario, el ajuste recae, una vez más, sobre jubilados y trabajadores formales e informales.
En el recinto también resonaron discursos que estigmatizaron a los jubilados que cada miércoles reclaman frente al Congreso por un haber digno. Allí volvió a aparecer una figura central del poder: Patricia Bullrich. Su trayectoria no es menor ni reciente. Vive del Estado desde los años 90, cuando integró el gobierno de Carlos Menem; luego fue funcionaria durante la gestión de Fernando de la Rúa, legisladora por el PRO, ministra de Seguridad de Mauricio Macri y hoy ocupa nuevamente un rol central junto a Javier Milei, quien llegó prometiendo combatir a “la casta”.
La pregunta es inevitable: ¿puede alguien que ha transitado décadas dentro del Estado cuestionar a trabajadores y jubilados como si fueran parte del problema? ¿Puede hablarse de lucha contra la casta cuando se ha formado parte de cada etapa del poder político argentino en los últimos treinta años? Más aún cuando en los 90 se acompañaron políticas de ajuste a jubilados y luego decisiones económicas que marcaron a fuego a millones de argentinos.
La Argentina que hoy debate una reforma laboral es la misma que arrastra deudas estructurales con sus trabajadores. Es un país donde el aguinaldo representa alivio, donde millones sobreviven endeudados y donde incluso se plantea pagar compensaciones con tickets canasta. Vivimos en un país tan polarizado, en donde muchos apoyan una ley que no han leído, impulsados más por el enojo contra gestiones pasadas que por el contenido real del proyecto.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿esta ley fortalece al trabajador que hace crecer al país o consolida beneficios para los grandes CEOs que acumulan mientras el resto ajusta? ¿Estamos ante una modernización real o ante una nueva etapa de precarización con otro nombre? La historia argentina del uno a uno a tantas otras decisiones que parecían soluciones mágicas demuestra que los errores económicos se pagan caro y durante años.
El Congreso tiene hoy la responsabilidad de legislar para el país real, no para los sectores privilegiados ni para sostener relatos de ocasión. Porque la Argentina no vive de consignas ni de discursos contra enemigos abstractos: vive del trabajo de su gente y es del trabajo de su gente que sustentan los suculentos salarios de quienes dicen igualarse a un laburante que no conoce de vacaciones en exterior ni de marcas de lujo, que solo conoce de su esfuerzo y lucha por sostener su propio Estado, su familia.
