El Senado aprobó la media sanción de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, una de las modificaciones más profundas al régimen laboral en décadas, que introduce cambios estructurales en temas como indemnizaciones, actividad gremial, ultraactividad de convenios y períodos de prueba.
El oficialismo sostiene que estas medidas modernizarán el mercado de trabajo y favorecerán la formalización del empleo, mientras que sectores gremiales y opositores advierten sobre una posible precarización de derechos.
Regreso de los tickets canasta como beneficios.
La reforma habilita nuevamente los vales alimentarios o tickets canasta como beneficios no remunerativos, sin incidencias de aportes previsionales ni cargas sociales. El Gobierno asegura que esto puede reducir los costos laborales para empleadores, aunque críticos sostienen que podría reducir los salarios efectivos de los trabajadores.
Límites a la actividad gremial.
Se establecen restricciones a las asambleas sindicales, que deberán contar con autorización previa del empleador. Además, se conviene que el trabajador no cobrará salario durante el tiempo que dure una asamblea, un punto fuertemente cuestionado por sindicatos por considerarlo una limitación a la organización laboral.
Restricciones a medidas de fuerza.
El proyecto endurece las sanciones contra bloqueos y otras medidas de fuerza que impidan la normal circulación de bienes y personas en empresas. También prohíbe expresamente la intimidación hacia trabajadores que no adhieran a una huelga, lo cual fue criticado por limitar el derecho de protesta gremial.
Fin de la ultraactividad de los convenios.
Se elimina el principio de ultraactividad que mantenía vigentes los convenios colectivos una vez vencidos hasta que se negocie uno nuevo. En su lugar, los acuerdos deberán ser renegociados antes de expirar, o quedarán bajo la normativa laboral general.
Vacaciones fragmentadas.
La reforma permite dividir las vacaciones en períodos mínimos de una semana, a diferencia del sistema tradicional. El objetivo, según el Gobierno, es otorgar mayor flexibilidad organizativa, especialmente en actividades con alta estacionalidad.
Período de prueba más extenso.
El tiempo de prueba para los trabajadores se extiende de tres a seis meses para la mayoría de los empleados y puede llegar a ocho meses en actividades agrarias. Durante este período, el empleador puede finalizar la relación sin indemnización por despido injustificado.
Indemnizaciones y pago en cuotas.
La reforma autoriza que las indemnizaciones por despido y condenas laborales se paguen en hasta 12 cuotas mensuales sin necesidad de acuerdo entre las partes. Para micro y pequeñas empresas, este esquema puede extenderse hasta 18 cuotas, lo que, según críticos, podría atrasar significativamente el cobro de indemnizaciones.
Topes en el cálculo indemnizatorio.
Se establece un límite de diez años de antigüedad para calcular indemnizaciones, y en lugar de tomar la mejor remuneración del último año, se utiliza un salario promedio. También se excluyen ciertos conceptos no remunerativos de la base de cálculos indemnizatorios, reduciendo potencialmente el monto final percibido por el trabajador.
Otros cambios importantes.
Además de estos ocho ejes principales, el texto aprobado incluye una reducción de contribuciones patronales, la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado por aportes obligatorios de empleadores, y un régimen especial de incentivos para la formalización de empleo que reduce las cargas sociales en nuevas contrataciones.
También se introducen ajustes en procedimientos judiciales laborales y se derogaron estatutos especiales como el del periodista o la ley de teletrabajo.
